El plomo continúa dañando a la infancia en México
 
 
 
 

Creciendo en América del Norte: Salud  y seguridad de la Infancia en Canadá, Estados Unidos y México, realizado por la RDIM en conjunto con la Annie E. Casey Foundation y el Canadian Council on Social Development será presentado en próximas fechas.

Red por los Derechos de la Infancia en México
Es una coalición de 64 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan programas a favor de niñas, niños y adolescentes mexicanos en situaciones de vulnerabilidad y que operan en 14 Estados de la República Mexicana. derechosinfancia.org.mx

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Comunicado
El plomo continúa dañando a la infancia en México

Red por los Derechos de la Infancia en México.

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Patricia Carmona Hernández
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Aunque existan numerosas regulaciones contra los residuos peligrosos en nuestro país, casos como el de la empresa Met Mex Peñoles, que está acusada de causar envenenamiento por plomo en niños y niñas de Torreón, Coahuila, demuestran que las que la aplicación de estas medidas es insuficiente.

La empresa, fundidora y refinadora de plomo, recibió su primera queja documentada en 1937; setenta años después, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente recibió del Instituto Federal de Acceso a la Información la orden de abrir su expediente en relación a una investigación por contaminación del suelo iniciada en 1999.

De acuerdo a la publicación Creciendo en América del Norte: Salud  y seguridad de la Infancia en Canadá, Estados Unidos y México: “El plomo es un conocido e importante peligro ambiental para los niños y las niñas pequeños. La exposición al plomo puede provocar daños neurológicos que pueden conducir a trastornos conductuales, problemas de aprendizaje y un bajo coeficiente intelectual.  Investigaciones recientes sugieren que no existe un umbral aceptable para los efectos adversos del plomo en los sistemas nerviosos centrales en desarrollo”.

El proyecto Creciendo en América del Norte forma parte de los esfuerzos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM) por el uso de indicadores como mecanismo de medición, monitoreo y seguimiento del estado de los derechos de la infancia en nuestro país.